Brasil da luz verde a ReData, el plan para convertir al país en potencia regional de centros de datos
El Congreso de Brasil aprobó al Régimen Tributario Especial para los Servicios de Centros de Datos (Redata) en una apuesta estratégica del país, para erigirse en un hub digital de procesamiento de datos. Es el Proyecto de Ley 278/2026 –disponible aquí-, que fue presentado por el Diputado José Guimarães este 4 de febrero de 2026 para crear un régimen fiscal, voluntario y a cinco años para incentivar el desarrollo de infraestructura de procesamiento digital, que ahora pasó al Senado para su revisión.
Se trata de una apuesta por la soberanía digital, porque el 60 por ciento de las cargas digitales provienen del exterior; cuya promoción está centrada en la merma de la carga tributaria, porque operar en Brasil es un 30 por ciento más caro que en otros países; y cuya renuncia fiscal significaría unos 5.200 millones de reales (más de 1.014 millones de dólares) para 2026. Este avance regulatorio podría significar, además, un punto de encuentro entre las diversas posiciones expresadas en el país, por ejemplo, en materia de consumo hídrico al establecer que esta industria no podrá usar más del 0,008 por ciento del agua disponible en este territorio, hasta el fin de la década.
Estrategia y largo plazo
Sí, Brasil avanza en la estructura que da forma a la Política Nacional de Centros de Datos, que crea el Régimen Tributario Especial para la Plataforma de Exportación de Servicios de Tecnologías de la Información (REPES) y que instituye al Redata.
“La medida propuesta aborda una iniciativa estratégica estructurante, diseñada para facilitar la instalación, expansión y modernización de la infraestructura digital en el país, esencial para aumentar la competitividad económica, fortalecer el liderazgo tecnológico y consolidar la soberanía digital brasileña”, dijo el autor de la medida, el diputado José Guimarães, y destacó que Brasil cuenta con “ventajas comparativas para atraer inversiones en centros de datos, como la disponibilidad de energía renovable a precios competitivos y una infraestructura de comunicaciones adecuada para el tráfico internacional de datos a través de cables submarinos en operación”.
Sin embargo, y más allá de ese potencial, observó que el país no lo aprovecha al citar datos de Data Center Map que ubica al Brasil en la décima posición relativa en el mercado de data centers, detrás de otros como Japón y los Países Bajos, con una representación de cerca del dos por ciento del total.
“El diagnóstico realizado por el Ministerio de Hacienda apunta a una alta dependencia nacional de los servicios digitales prestados en el extranjero, que actualmente alcanza cerca del 60 por ciento de la carga digital nacional. Esta situación implica riesgos sustanciales para la soberanía nacional, limita el rendimiento operativo de las aplicaciones digitales y genera importantes déficits en la balanza comercial del sector”, sostuvo.
Precisó que “este escenario impacta en la balanza comercial del país en el sector de productos eléctricos y electrónicos” y que esto genera un déficit estructural y creciente, que en 2024 fue de aproximadamente 40.000 millones de dólares, según datos de la Asociación Brasileña de Industrias Eléctricas y Electrónicas (Abinee); y que en el primer semestre de 2025, fue de 10.600 millones de dólares.
“También existe un déficit en Telecomunicaciones e Informática en la balanza de servicios del país que alcanzó los 7.100 millones de dólares en 2024, la mayor parte de los cuales provino de la importación de servicios de procesamiento y almacenamiento de datos”, agregó.
“Con una vigencia de cinco años, este nuevo régimen especial es voluntario y está sujeto a la calificación de las empresas interesadas en instalar o modernizar centros de datos en Brasil. También permite la cocalificación de personas jurídicas contratadas por empresas calificadas, siempre que operen en la ejecución de actividades relacionadas con la operación de centros de datos”, dijo el funcionario. Recordó que las empresas que quieran acceder al beneficio deben demostrar cumplimiento tributario y de los requisitos de contrapartida, como poner a disposición al menos el 10 por ciento de su capacidad instalada en el mercado nacional, contribuir con el equivalente al dos por ciento del valor de los equipos incentivados a la investigación, el desarrollo y la innovación en la cadena de producción de la economía digital; además de abastecerse de energía limpia o renovable y demostrar eficiencia hídrica, entre otros.
La apuesta es estructural porque, según prevé, su éxito podría traducirse en un fomento de la economía digital, la innovación tecnológica, la cualificación profesional y el incremento de la productividad de la industria brasileña. “Además, ampliar la capacidad nacional de procesamiento y almacenamiento de datos es un imperativo geopolítico y de soberanía, dada la creciente competencia tecnológica global. En este sentido, es esencial que Brasil desarrolle su propia infraestructura digital para garantizar una mayor autonomía y reducir las vulnerabilidades externas”, aseguró Guimarães.
La normativa, al detalle
La propuesta, que actualiza la normativa vigente Ley 11.196/2005- apunta a atraer proyectos de instalación o de ampliación de centros de datos (para el almacenamiento, procesamiento de datos, nube, IA y otros) en el territorio brasileño.
El plan de promoción involucra, beneficios fiscales tales como la suspensión del pago de varios tributos en la compra de componentes electrónicos y productos de tecnología destinados al activo inmovilizado de las empresas habilitadas, como es el caso de la contribución para el PIS/Pasep y Cofins (ventas internas e importación), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) o el impuesto de Importación (II), aplicable a productos sin similar nacional.
Además, prevé una exención definitiva (alícuota cero) luego que los bienes se incorporen al activo de la empresa y se cumplan los compromisos del régimen.
Como contrapartida, el país pide a las empresas a que abastezcan al mercado interno, con la reserva de al menos el 10 por ciento de su capacidad de procesamiento para el mercado nacional (o de cederla sin costo a instituciones de ciencia y tecnología).
También, plantea la obligatoriedad de utilizar energía de fuentes limpias o renovables y cumplir con un índice de eficiencia hídrica (WUE) determinado, establecido en igual o inferior a $0,05$ L/kWh; además de invertir hasta el dos por ciento del valor de los beneficios en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en Brasil.
E, inclusive, pone especial acento en el desarrollo regional local. Sobre todo, de las regiones Norte, Noreste o Centro-Oeste, donde los compromisos de capacidad e inversión en I+D se reducen en un 20 por ciento. Mismas regiones en las que el proyecto Infovias está robusteciendo la conectividad con tendidos de cableados submarinos. Y el de los cableados submarinos es otra estrategia, cuya letra espera conocerse en estas semanas.
Según la Agência Câmara de Notícias, el diputado Aguinaldo Ribeiro estimó que las inversiones en centros de datos serán de hasta 7,9 billones de dólares entre 2025 y 2030.
Entre los ecos de la novedad, la Asociación Brasileña de Data Center (ABDC) dio cuenta del “papel decisivo” de la aprobación de este proyecto a través de su cuenta en la red social Linkedin y valoró que esta legislación “representa un punto de inflexión para Brasil en el ámbito de la tecnología y la economía digital. Al aumentar la seguridad legal para las inversiones en centros de datos, el país da un paso estratégico y se consolida como uno de los principales actores globales en infraestructura digital”.
Aún a pesar de toda la apuesta y de reconocer el avance, hay actores privados que la advierten insuficiente y posan sus ojos en los detalles que ofrecerá la reglamentación; por ejemplo, en cuanto a la especificidad de los equipos que estén, o no, alcanzados. Éstos y otros detalles se esperan conocer con gran celeridad, en las próximas semanas.
Así, la aprobación de ReData marca un punto de inflexión en la política tecnológica de Brasil, no sólo por la apuesta de ofrecer beneficios fiscales a cambio de montaje de infraestructura; sino por apostar a multiplicar su competitividad y soberanía digital, con fuerte compromiso medioambiental; indispensables en el actual escenario geopolítico y que posicionará al estado de Ceará y de San Pablo como los próximos grandes hubs globales.