El volumen de teléfonos móviles vendidos ilegalmente en Brasil se duplicó en apenas un año. Según IDC, líder mundial en inteligencia de mercado, consultoría y eventos para la industria TIC, el número de dispositivos ilegales pasó del 10% del mercado total de celulares en Brasil en 2022 al 25% en el último trimestre de 2023, cerrando el año con un total de 6,2 millones de unidades vendidas en el país, de forma ilegal.
Abinee estima que el 90% del total de teléfonos inteligentes contrabandeados en Brasil hoy se vende a través de marketplaces, con un valor un 38% inferior al vendido en el mercado oficial. “Se trata de una práctica que se está generalizando y adquiriendo proporciones inaceptables”, afirma el presidente de Abinee, Humberto Barbato. "Necesitamos acciones más enérgicas por parte del gobierno para frenar esta práctica".
Se trata de productos importados principalmente vía Paraguay, que no cuentan con certificación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), no cuentan con garantías de los fabricantes ni asistencia técnica, y no pasan pruebas de seguridad ni de funcionamiento, lo que, además de ser irregular, perjudica consumidores. , a menudo llevados a comprar productos basándose en información engañosa publicada por los mercados.
Mientras tanto, los fabricantes con sede en Brasil ofrecen una garantía de producto de 12 meses, cumplen con las normas de certificación, invierten en Investigación y Desarrollo y emplean a miles de trabajadores. En 2024, Abinee estima que el gobierno federal ya no recaudará 4 mil millones de reales debido a la evasión fiscal. El impacto en el empleo podría alcanzar los 10 mil empleos directos e indirectos. Y ya no se deben realizar inversiones de alrededor de R$ 400 millones en Investigación y Desarrollo.
“El ingreso de mercancías al país, sin pagar impuestos, es una práctica ilícita, que fomenta el crimen organizado, la corrupción y la violencia no sólo en nuestras fronteras, sino en todo el país”, evalúa Barbato.
Además, el contrabando afecta a toda la cadena productiva. “Se trata de un efecto cascada que compromete directamente a la industria de componentes, memorias, cargadores y tarjetas, así como a los institutos de investigación, que pierden importantes recursos en sus actividades”, destaca Carneiro.
Abinee ya contactó al gobierno federal, a través de los Ministerios (Hacienda, MCTI, Justicia, MDIC y MCom) y Anatel, con quienes mantiene diálogo semanal, además de la Hacienda Federal, demostrando su preocupación por el tema, y el Departamento del Tesoro. y Planificación de São Paulo. . A pesar de las acciones de inspección y de las incautaciones en la frontera entre Brasil y Paraguay, la Asociación considera que sólo una supervisión eficaz de los mercados podrá frenar esta práctica irregular.